La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos calificó como “arbitrario y caprichoso” el intento del presidente Donald Trump de cancelar el programa que protege de la deportación a cerca de 700.000 indocumentados que llegaron al país cuando eran niños.
Se les conoce como “dreamers”, soñadores, en inglés. Llegaron a EEUU con su padres cuando aún eran menores de edad. Muchos de ellos ni siquiera sabían que eran indocumentados. Este es el único país que conocen, y en el que quieren quedarse.
DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals (Acción diferida para la llegada de infantes), fue una decisión ejecutiva emitida en 2015 por el presidente Barack Obama, para evitar la expulsión de algunas personas que llegaron al país como menores indocumentados.
Está diseñada específicamente para la protección de los menores de 16 años que ingresaron sin documentos antes de junio de 2007, tenían 31 años o menos en junio de 2012, y son estudiantes, o recibieron una baja honorable de las fuerzas armadas.
Bajo los términos de esta política, las personas elegibles deben renovar cada dos años sus permisos de permanencia en el país, no haber cometido ningún delito, y tener un empleo o estar estudiando.
DACA y DREAM Act
Aunque inicialmente se calculaba que más de un millón y medio de personas serían elegibles para el programa, la cifra actual de protegidos por DACA es cercana a los 700.000. Esta orden ejecutiva no provee una vía hacia la residencia permanente ni la ciudadanía.
En realidad, se trató de una medida temporal mientras se lograba la aprobación de la llamada DREAM Act, una ley que busca conceder residencia, bajo ciertas condiciones, a los menores que ingresaron sin documentos.
La DREAM Act se introdujo por primera vez al Congreso en 2001. Desde entonces, han fracasado los sucesivos intentos por aprobarla, a pesar de intensas movilizaciones de organizaciones pro-inmigrantes y defensoras de los derechos humanos.
Por eso el gobierno de Barack Obama concibió DACA como una protección temporal, que garantiza la permanencia en el país de los “dreamers” mientras se acuerda una solución más permanente.
Esa solución a largo plazo quedó prácticamente desterrada cuando Donald Trump asumió la presidencia, con una clara orientación en contra del ingreso de indocumentados al país. El gobierno argumentó que DACA es inconstitucional y ordenó la cancelación del programa.
La batalla legal
Este fue el comienzo de un periodo de incertidumbre para los “dreamers”, a quienes se les llegó a recomendar que hicieran planes para abandonar el país apenas vencieran sus permisos de trabajo.
Muchos de ellos se enfrentaron por primera vez a la posibilidad cierta de ser deportados a países que no conocían, donde nunca habían estado y de los cuales ni siquiera hablaban el idioma.
La decisión fue impugnada por organizaciones civiles y religiosas en varios tribunales en distintos estados del país. Todas las decisiones judiciales resultaron contrarias al gobierno, y el caso llegó finalmente a la Corte Suprema de Justicia.
El alto tribunal emitió su veredicto el 18 de junio de 2020. La decisión fue rechazar la cancelación de DACA por parte del gobierno de Donald Trump porque “no se proporcionó una razón adecuada para esta medida”.
En el mismo fallo, la Corte explica que no se pronunciaron sobre lo adecuado o inadecuado de la decisión. “Solo abordamos si la agencia cumplió con el requisito de procedimiento de proporcionar una explicación razonada de su acción”.
Donald Trump calificó el falló como “altamente politizado” y prometió actuar dentro del marco de la ley para encontrar y comenzar todo el proceso una vez más. La sociedad civil también prometió movilizarse por una solución más permanente.
Mientras eso ocurre, 700.000 “dreamers” que estudian y trabajan en este país, y se sienten tan estadounidenses como cualquiera, pueden respirar aliviados. Al menos durante un tiempo.